Deficiencias en protocolos, faltas de registros y que no consideraron alertas meteorológicas marcaron la acción de dicha entidad ante las emergencias producidas en Traiguén y Lonquimay.
Entre los años 2024 y 2025, la Región de La Araucanía se vio afectada por dos importantes incendios forestales. Con el propósito de velar por la gestión estatal en el combate de estas emergencias, la Contraloría General auditó la acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), detectando debilidades en su labor frente a los siniestros en Traiguén, en 2025, y Lonquimay, en 2024.
En el primer caso, el Informe Final de Investigación Especial (INVE) N° 569, de 2025, se vincula al incendio forestal denominado “Providencia”, que se generó tras una quema controlada autorizada por CONAF, la que no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas.
En este sentido, el informe de la Contraloría Regional de La Araucanía constató que la autorización entregada por CONAF no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por SENAPRED ni las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaban temperaturas entre 22°C y 28°C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 km/h en costa y valles. Todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, lo que finalmente ocurrió.
Por esta razón, la Contraloría instruirá un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la quema. Además, se envió el informe al Ministerio Público.
Adicionalmente, CONAF deberá revisar los criterios utilizados para autorizar quemas controladas, a fin de incorporar en sus procedimientos la verificación de alertas de SENAPRED y de la Dirección Meteorológica de Chile, garantizando la trazabilidad, oportunidad en la entrega de antecedentes y una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten.
Respecto de la misma emergencia, la Contraloría también acreditó que CONAF no dio cumplimiento a su deber legal de denunciar ante el Ministerio Público el incendio, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen.
Esta omisión, además, afecta la trazabilidad, transparencia y eficacia del sistema de persecución penal en materia de incendios forestales.