Su preocupación por el mal clima laboral existente en los principales recintos de Salud de La Araucanía, lo que redunda en una mala atención de la población, manifestó el diputado Jorge Rathgeb Schifferli, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud.
El legislador, en las últimas semanas, ha recibido denuncias de gremios de trabajadores y profesionales de la Salud sobre situaciones administrativas irregulares, que perjudican directamente a los funcionarios de carrera de hospitales administrados por el Servicio de Salud Araucanía Norte.
Dichos reclamos, según el parlamentario de RN, apuntan a la disposición de concursos cuya finalidad es privilegiar con mayores grados a profesionales y funcionarios con pocos años de permanencia en el servicio, validándose sólo la antigüedad en los grados funcionarios y no los años de permanencia en el servicio. Esto, revela el parlamentario, perjudica a cientos de funcionarios y profesionales de carrera quienes “se sienten pasados a llevar”.
A esto se suma el desarrollo de concursos, supuestamente, redactados para favorecer la contratación de determinados profesionales y funcionarios de confianza de las actuales administraciones o servicios y el pésimo ambiente laboral existente en estos recintos por un permanente conflicto entre los funcionarios y las direcciones hospitalarias.
El caso más grave ocurre en el Hospital de Victoria donde una reciente encuesta aplicada por el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, arrojó que los funcionarios de este recinto se encuentran en “Alerta Psicosocial”. El documento informado por la Fenats Unitaria de ese recinto revela una alta concentración de licencias médicas por estrés y carga laboral, gatillado por los constantes conflictos entre el director del recinto y los funcionarios quienes acusan malos tratos, acoso laboral, y degradación funcionaria, hechos que fueron denunciados por el presidente de este gremio, Luis Novoa, a la máxima autoridad ministerial en una carta que pudo entregar de manera informal, ya que la ministra Castillo no quiso reunirse con los gremios para conocer de estas y otras denuncias.
En Cautín, Teresa Saavedra, presidenta de Fenats Histórica, manifestó que “el clima laboral no es bueno en el Hospital de Temuco y en otros recintos de Cautín, en especial, por la relación entre las direcciones y los funcionarios. Un ejemplo, es la entrega indiscriminada de cargos y grados a funcionarios y la contratación con altos grados de personal, no necesariamente profesional o técnico, en diferentes líneas programáticas en desmedro del avance de la carrera funcionaria. A esto se suman situaciones de tratos laborales no resueltos y sumarios que no están finalizados o están paralizados por faltas cometidas por administrativos contra funcionarios, ya sea por maltrato, acoso laboral e incluso sexual. Todos estos hechos afectan la atención de la población por la falta de compromiso de los funcionarios en algunos casos”, indica la dirigente.
A juicio de Rathgeb, “todos estos hechos dan cuenta de un clima laboral insoportable que está colocando en riesgo la calidad de la salud regional, lo que es provocado por la decisión autoritaria de los directores de hospitales y de los servicios de Salud, quienes desde el inicio de la actual administración han usado estos servicios con fines políticos o personales, pasando a llevar la carrera funcionaria y contratando y delegando funciones a operadores políticos con altos grados y remuneraciones. Temas como los expuestos en los hospitales de Angol, Victoria y Traiguén, lo conversaré a la ministra Castillo por cuanto este mal clima está perjudicando directamente la atención de la población, aumentando la deuda hospitalaria, mermando la disposición de personal idóneo para la atención satisfactoria de público, siendo uno de los factores del alza en la lista de espera”, indicó Rathgeb.
En lo inmediato, el parlamentario anunció que oficiará al Ministerio de Salud sobre cada uno de los casos denunciados por los gremios, y llamó a la ministra a iniciar diálogos con estos para tratar de mejorar el ambiente laboral y detener algunas decisiones que, a juicio de los funcionarios, atentan sus derechos laborales.