Propuestas de la Comisión para la Probidad y Transparencia. Relación de fundaciones y corporaciones con el Estado
Transcrito por Alberto Cifuentes Avello
Teniendo en consideración todo lo que es conocido como “caso convenios” y que en resumen ha producido un enorme rechazo por la gestión de muchos “chilensis” que, aprovechándose de personas y familias muy necesitadas, literalmente han ingresado a sus bolsillos sumas valiosas del aporte fiscal, que tenían un destino de valor social en el marco de resolver necesidades, estimo pertinente apoyar la información que a través del diario electrónico “El Dínamo” ha sido publicado hoy.
De acuerdo a lo recién indicado, se transcribe lo siguiente:
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La Comisión para la Regulación de la Relación entre el Estado, Fundaciones y Corporaciones, más conocida como Comisión para la Probidad y Transparencia en el Estado, entregó este lunes al presidente Gabriel Boric un informe con un total de 46 medidas como resultado del trabajo que se extendió durante 45 días.
A continuación, se destacan las principales.
Ley general de transferencias: creación de una ley permanente que regule de manera general las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro, así como también de modo supletorio.
Ampliar cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec): que este portal sea el único de rendición de las transferencias del Estado.
Medidas sobre transparencia en organismos del Estado y registros relevantes sobre fundaciones y corporaciones
Creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, según estándares y buenas prácticas del FMI y de la OCDE.
Portal de Transferencias: la creación de este portal permitiría hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
Medida sobre transparencia activa de las instituciones privadas sin fines de lucro
La comisión propuso el establecimiento de obligaciones de publicar cierta información en los sitios web de las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL).
Medidas sobre gobierno corporativo en las instituciones privadas sin fines de lucro
Se propuso un mayor control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio, con el fin de integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.
Medidas del sistema de control, infracciones y sanciones
Obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al Concejo Comunal: con esto se busca informar todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación. Aquí se incluyen proyectos de inversión o iniciativas, independientes del monto, y también se incluye a gobernadores respecto del Core.
Reducir el rango de 7.000 UTM la inversión prevista en la Ley de Gobiernos Regionales: para esto, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. Además, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativas.
Catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a las instituciones privadas sin fines de lucro: normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación en caso de que las instituciones privadas no cumplan respecto a transferencias públicas. En este catálogo, las medidas deben ser proporcional a la gravedad de la infracción, tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión.
Normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común: incorporar una incompatibilidad general, en cuanto a contratación y transferencias, para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.
Fortalecer y dar mayor autonomía de la Auditoría Interna: se propuso que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo.
Permitir que Contraloría envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER): se busca que se legitime al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, para que sea el TER quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves.
Medida adicional de seguimiento
Se debe avanzar en una adecuada rendición de cuentas y trazabilidad hacia la sociedad civil de cómo se recogen e implementan.
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De acuerdo a lo transcrito es pertinente nuestra tarea de favorecer todo aquello que va en un bien de personas o sectores que, de verdad, necesitan un apoyo superior.
Esto implica estar informados de qué financiamientos sociales se está moviendo y tener claro conocimiento de quienes serán los ejecutores y cuanto de esos aportes fiscales serán parte de sus ingresos personales, legales.
Se debe evitar que se nombren “ejecutores políticos” en estos aportes y que disfrazan los proyectos para luego hacer mal uso y aprovechamiento ilícito de esos aportes fiscales.
Así también, construir chapas de identificación de estos “chilensis” para evitar que sigan en cargos públicos o que postulen a ellos.
Como sociedad valórica, tenemos el deber de cuidar todo aquello que implica bienes comunes, de verdaderos beneficios sociales.
Principal gestión les corresponde a los dirigentes vecinales, evitando la colusión y alertando cuando observan procedimientos ilegales o de aprovechamientos. Su calidad de dirigente debe estar a prueba de toda corrupción.