La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, confirmó al Gobernador René Saffirio que se reingresó a Contraloría el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.
“Me ha informado oficialmente que este plan fue reingresado a la Contraloría y hemos concordado una forma de mantenernos conectados de tal manera de iniciar con la mayor premura posible el proceso de toma de razón, de análisis, de gestión y ejecución del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica”, expresó la máxima autoridad regional.
Esta comunicación ocurre, luego que hace algunos días, el Gobernador Regional expresara públicamente su preocupación por el retiro de dicho Plan de la Contraloría, con todo el impacto económico, social y ambiental que esta decisión provocaría en la región y particularmente en las tres comunas de la cuenca, como son Villarrica, Pucón y Curarrehue.
En la conversación, Saffirio le propuso a la ministra de Medio Ambiente, que el Gobierno Regional sea incorporado a la ejecución del Plan y se estableciera un acuerdo de coordinación con los 20 servicios públicos de la región que estarán involucrados.
Además, le expresó el compromiso de avanzar en la gestión de infraestructura como plantas de tratamiento de aguas servidas en las comunas de la cuenca del lago.
“Ya se aprobó la planta de tratamiento en Curarrehue y habrá otras inversiones futuras con el fin de impedir flujos de aguas servidas, más allá de lo que deben invertir los privados para el mismo objetivo. Consideramos que el lago cumple un rol fundamental para nuestro ecosistema y economía regional. Por ello, espero que esta noticia sea bien recibida por las comunidades de la cuenca del Lago Villarrica y del río Toltén, particularmente las comunas de Curarrehue, Pucón, Villarrica, además de Pitrufquén, Freire, Teodoro Schmidt y Toltén, para trabajar en conjunto en el saneamiento del lago y recuperar este hábitat natural que es insustituible para nuestra región”, dijo Saffirio.
Cabe mencionar que el Plan contiene más de 40 medidas concretas para reducir 70 toneladas de fosfato en 15 años, lo cual implica una inversión superior a los 50 millones de dólares, donde más de 15 millones de dólares deben ser aportados por el Estado.
