Senador Espina y nuevo atentado: “Pocas veces en la historia democrática de Chile se han visto casos en los que se demuestre incapacidad para impedir que delitos graves queden en la impunidad”

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“Definitivamente debemos fijar una política de entrega de tierras que delimite cuántas son y a quiénes corresponde de acuerdo a la legalidad vigente”, añadió.

Como “una nueva demostración del rotundo y lamentable fracaso del Estado de Chile de cumplir con su obligación de garantizar la paz social en la Región de La Araucanía” calificó el Senador de Renovación Nacional (RN), Alberto Espina, un nuevo ataque esta vez en la comuna de Vilcún, en el Fundo San Luis, de propiedad de Ewald Luchsinger, sobrino del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes fallecieron durante un atentado de similares características el año 2013.

 

“Pocas veces en la historia democrática de nuestro país se han visto casos en los que el Estado demuestre absoluta incapacidad, negligencia y eficacia para lograr impedir que delitos graves cometidos por una minoría muy violenta en la práctica y en un altísimo porcentaje queden en la impunidad lo que genera temor, impotencia y legitima indignación en los vecinos de La Araucanía”, señaló el parlamentario.

 

Asimismo, Espina señaló que “el Estado tiene el deber de proteger a los vecinos, y si no lo hace está incumpliendo con una de sus principales obligaciones en un estado de derecho democrático cual es garantizar la tranquilidad, la paz social y la seguridad de la ciudadanía”.

 

Finalmente, el Senador Espina puntualizó que “en esta materia hay que aplicar todo el rigor y el peso de la ley en contra de los violentistas, y simultáneamente quiero señalar que estamos en conversaciones con distintos sectores y autoridades para aislar a los grupos violentistas”.

 

A juicio del parlamentario RN, se debe trabajar “definitivamente en fijar una política de entrega de tierras que delimite cuántas son y a quiénes corresponde de acuerdo a la legalidad vigente; avanzar en la política de alianza que es fundamental; y en una institucionalidad que permita la participación de los pueblos originarios. Pero ninguno de estos avances será posible si el Estado de Chile no actúa con toda decisión, firmeza y claridad en contra de los violentistas, que es el primer deber para lograr la paz social en La Araucanía”, concluyó.